El Presidente de nuestro Directorio, publicó en el Diario La Tercera, una columna titulada «¿Espacios públicos?» que les compartimos después del salto.
EN FORMA creciente y silenciosa, municipios y organismos del Estado disponen de nuestros espacios públicos para otros fines. Actúan como si fuesen bienes privados, olvidando que ellos sólo están llamados a administrarlos y que la propiedad es de todos los ciudadanos.
No deja de sorprender la foto actual del Parque O’Higgins. A pesar de esfuerzos importantes de las últimas administraciones por mejorar su patrimonio vegetal y paisajístico, éste carga con un lastre de malas decisiones que lo fraccionaron en pequeños feudos privados (recinto Arena Santiago, recinto Fantasilandia, recinto Universidad Bernardo O’Higgins, etc.), reduciendo así la superficie de acceso público y gratuito de 75 a 50 hectáreas. El punto aquí no es el rechazo destemplado a generar concesiones o equipamientos que aporten vida y uso al parque, ni a los emprendimientos privados en sí, sino a que los ejemplos nombrados no agregan a ese lugar más que rejas y frentes muertos, y que todos ellos bien podrían desarrollar sus actividades en un lugar distinto a un parque público. Esos recintos comparten la característica de que «viven hacia adentro» y cuentan con acceso independiente y pagado.
Hoy no es el Parque O’Higgins, sino otros parques y espacios públicos los que sufren por las decisiones de autoridades que cambian destinos o entregan parcialidades para otros fines, en la mayoría de los casos anteponiendo el «irrefutable» argumento del autofinanciamiento. Parece que nadie ve que el Parque Metropolitano quedó dividido en dos por la entrega de terrenos a la Autopista Radial Nororiente, o que el Parque Araucano perderá una hectárea de parque por un desarrollo comercial en construcción, o que en Ñuñoa un gimnasio privado ocupó recientemente parte de un parque comunal.
¿Por qué la autoridad cuenta con que las áreas verdes están siempre disponibles para otros fines? ¿Por qué se asume que la entrega de parcialidades de estos bienes nacionales de uso público por medio de licitación abierta y pública es sinónimo de amplio conocimiento masivo y de un certificado de blancura y de «buen proyecto»? ¿Por qué las autoridades comunales están tan preocupadas de lo que ocurre en los terrenos particulares, desplegando, por ejemplo, consultas para aprobar o rechazar un mall, y, sin embargo, no hay ni asomo de preguntar a la ciudadanía respecto de un cambio de destino de parte de un parque ?
Los argumentos tales como equipar los parques y/o considerar el costo de mantención como elementos de evaluación son valiosos, pero no veo como una solución adecuada ni menos única que la privatización de esos espacios sea el vehículo para lograr esos objetivos. Así también, la toma de decisiones para cambios de fondo debiese incorporar la variable de que estos espacios son por esencia democráticos, gratuitos y públicos, y sujetos a una construcción colectiva y colaborativa en el tiempo, situación muy alejada de los actuales procesos inconsultos.
La escasa valoración social de parques y espacios públicos, así como de su aporte al bien común, ha llevado, lamentablemente, a un sensible daño del escaso patrimonio verde y abierto que, como sociedad, hemos sido capaces de conquistar en el tiempo.
